El gobierno colombiano, a la hora de destinar sus recursos, no le da la importancia necesaria al transporte marítimo, subestimando los beneficios que podría obtener respecto a la salvaguarda de la vida humana en el mar, la limpieza del medio marino y la actividad comercial. La ausencia de especialistas marítimos, debidamente preparados, la falta de conocimientos técnicos y la carencia de infraestructura, han debilitado la efectiva acción que requiere la Administración frente a sus intereses marítimos.

La coordinación entre las Administraciones de la región se ve reflejada con la existencia desde 1983 de la ROCRAM y la posterior creación del Acuerdo de Viña del Mar en 1992 para ejercer un efectivo control como Estados Rectores del Puerto, en donde se ha hecho obligatoria la labor de realizar inspecciones a los buques extranjeros, con el objeto de que los mismos se ajusten a los requerimientos internacionales para la protección de la vida humana en el mar y la prevención de la contaminación. Frente ha este aspecto se ha reflejado una carencia de inspectores por parte de la Autoridad Marítima Colombiana, pero por otro lado se encuentran las Casas de Clasificación sobre las cuales la Administración ha delegado dicha función.

La idea no es solamente suscribir instrumentos jurídicos internacionales, sino una vez ratificados ejecutarlos a plenitud, para que no queden en "letra muerta". La presencia de Colombia en sus costas y aguas adyacentes, poco a poco ha mejorado, pero aún hacen falta políticas para controlar la utilización, protección y preservación de los litorales y el aprovechamiento de los recursos del mar, en cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales a las cuales el país se ha comprometido.

Uno de los grandes avances se ha evidenciado con la implantación del FSI (flag state implementation) de la OMI, ya que se ha instado a los estados de abanderamiento a ejercer un activo control sobre sus buques y a actuar de la mano con los Estados Rectores del Puerto para que las irregularidades de los buques sean cada vez menores.

En el caso de Colombia este Subcomité de la OMI ha sido una gran oportunidad para recibir la asesoría y cooperación que se requiere en pos de una adecuada formación de nuestra gente de mar.

Lamentablemente, muy pocas personas e instituciones en el país se interesan por estos temas, debido en gran parte a la falta de concientización y carencia de medios de difusión, en donde no se vislumbra el sector marítimo como un campo de desarrollo.

Se refleja un manejo sectorial frente a la actividad, en donde se presenta un choque de competencias entre la DIMAR, Superintendencia de Puertos, Corporaciones Autónomas y Ministerios de Transporte y Medio Ambiente produciéndose una eventual duplicidad de funciones

La industria marítima mundial, liderada por los países económicamente mas desarrollados, nos ha llevado a que, en la actualidad, tengamos mas buques técnicamente de alta sofisticación, con sistemas de navegación automatizados, integrados y controlados sistemáticamente, que obviamente requieren de menores dotaciones, pero con una mayor capacitación y nivel de entrenamiento, en este sentido, en lo que a certificación, formación y entrenamiento marítimo se refiere, cada Estado tiene su postura al respecto, la cual normalmente difiere entre un país y otro.

Es urgente que Colombia como Estado Ribereño frente a la conservación y el uso sostenible de su biodiversidad, no solo se ubique en una dimensión ecológica, sino que incorpore la variable socioeconómica, en esa línea surge la importancia del papel de la educación. La formación para el desarrollo sostenible tanto en el tema del turismo como en el de la protección del medio costero y marino, en donde no solo debe hacer parte de la educación formal sino que también debe realizarse una capacitación que se ajuste al nivel de las personas y organizaciones que toman las decisiones concernientes a este tema.