Para hablar en términos de Estado debemos aclarar que el mismo se presenta siempre y cuando tenga las siguientes características:

Una población establecida.

Un territorio delimitado.

Poder o soberanía.

El Estado no podría existir sin un territorio, el cual es una porción del globo en donde el Estado ejerce soberanía y dominio exclusivo.

El territorio puede ser:

Terrestre

Marítimo

Aéreo

Dimensiones del Territorio:

Horizontal :Limita con otro Estado o el mar.

Vertical: Espacio Aéreo suprayacente, suelo y subsuelo.

Tomando específicamente el territorio marítimo que es el que en esta ocasión realmente nos concierne catalogamos el territorio horizontal como el comprendido por las aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona Económica Exclusiva y Alta Mar.

El territorio vertical abarca el espacio aéreo, masa de agua oceánica, plataforma continental, suelo y subsuelo.

Las zonas costeras son el hogar de las tres cuartas partes de la población mundial, ellas son además, las receptoras de los impactos generados por las formas de uso del suelo por parte de la población asentada en sus cuencas hidrográficas aportantes. Contienen los ecosistemas de mayor diversidad y productividad, producen la mayor cantidad de pesca y sostienen una significativa parte de la actividad portuaria y de transporte, la agricultura, la industria y el turismo mundiales.

De los 2.070.000 Km2 de extensión marítima que posee Colombia, 590.000 están en el Caribe y 340.000 se encuentran en el pacífico. A pesar de poseer todo este potencial de riqueza, no ha existido en el país una definida y permanente política marítima integral, como consecuencia lógica de la ausencia de una conciencia marítima. Esta se logra solo cuando los habitantes tienen un conocimiento exacto y reflexivo de los elementos que se relacionan con el mar; poseer este conocimiento induce a realizar actividades y empresas entorno al mar, denominados "intereses marítimos" los cuales generan beneficios de índole económico, social, político, geopolítico, científico y cultural entre otros. La sumatoria de estos intereses constituye lo que para un país es "su Desarrollo Marítimo". Los países que poseen dicho desarrollo adquieren estatus y respeto frente a la comunidad internacional.

Las primeras acciones tomadas por Colombia como Estado Ribereño se dieron durante la "Guerra Patriota", cuando el General Francisco de Paula Santander, en su calidad de vicepresidente de la República, entendió la importancia del mar para lograr la independencia y resaltó la vocación marítima que debía tener el país como Estado poseedor de dos Océanos y la necesidad de influir en el ámbito internacional.

Con la condena y muerte del Almirante Padilla, murió la Marina Colombiana y la naciente conciencia marítima, durante el Gobierno del General Rafael Reyes se hicieron algunos intentos de organizarla nuevamente pero fracasaron; posteriormente al surgir el conflicto con el Perú, de nuevo se miro al mar, y el Presidente López Pumarejo fundo la Escuela Naval actual y reactivo la Armada Nacional.

En sus inicios la política costera y marina en Colombia estaba dominada por asuntos de orientación internacional relacionados con la delimitación de su jurisdicción marítima y con las disputas legales internacionales. A principio de 1970, en la medida que los asuntos de delimitación comenzaron a surgir, el papel de liderazgo fue tomado principalmente por la Armada Nacional y su Dirección General Marítima, DIMAR, (creada en 1954 por el decreto 2324/54 y reestructurada en 1971).

Colombia empezó a ejercer jurisdicción sobre su zona económica exclusiva en el año 1978 (Ley 10, 1978). Las primeras acciones importantes en el reconocimiento del mar y sus zonas costeras como un recurso importante para el país empezaron en los años 1961-1962, donde surgió la necesidad de establecer una Facultad de Ciencias del Mar y crear en 1969 la Comisión Colombiana de Oceanografía -CCO-.

Estas instituciones y organizaciones junto con el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" (COLCIENCIAS), auspiciaron una serie de seminarios nacionales sobre el desarrollo de las ciencias y tecnologías del mar en Colombia en 1971, 1973, 1977. En ellos se identifico la necesidad de contar con un Programa Nacional de Desarrollo de las Ciencias del Mar, como la estrategia para aumentar y fortalecer el conocimiento y la capacidad científica y tecnológica del país, como base para empezar un manejo y desarrollo de este recurso (DNP, 1980).

Colombia al poseer 3000 Km de costas asume un papel per-se de estado ribereño haciéndose acreedora a una serie de derechos y deberes consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre derecho del Mar, allí se estipula la jurisdicción del Estado Ribereño en el Mar Territorial, y la Zona Económica Exclusiva.

Colombia a lo largo de sus 3.000 Km. de litorales en los dos océanos y en sus sistemas insulares, presenta todos los ricos, diversos y productivos tipos de ecosistemas marino-costeros del Trópico. Ellos están dotados de una gran capacidad para proveer bienes y servicios que sostienen las crecientes actividades económicas, así como los diversos usos tradicionales de las comunidades locales.

Sin embargo, la tendencia pasada y actual en el uso de los ecosistemas costeros de la Nación, es desarrollar actividades que se justifican más por su rentabilidad a corto plazo y por los beneficios que producen para sectores particulares, que por los beneficios que aportan en el largo plazo para la calidad de vida de la Sociedad Colombiana en su conjunto. Como resultado tenemos un crecimiento desordenado del turismo, planificación pobre de la línea de costa, contaminación a lo largo de los tramos más densamente poblados y fuertemente explotados, erosión de la faja costera, degradación y perdida de hábitats y disminución progresiva de la pesca. Este cúmulo de problemas se debe también a una mala planificación del uso del suelo en los litorales y a procedimientos igualmente equivocados para el control del desarrollo, uso excesivo o nocivo de los recursos costeros, sobrecarga de la capacidad de sustentación y a un manejo, monitoreo y vigilancia deficientes por parte del sector público.

Frente a este reto, el gobierno colombiano por medio del Ministerio del Medio Ambiente, partiendo de unos elementos y objetivos generales establecidos en la Constitución Política y en las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993 relacionadas con la formulación, concertación y adopción de las políticas orientadas al ordenamiento ambiental del territorio costero y de los mares adyacentes, promovió desde mediados de 1996 la realización de cuatro talleres y un seminario nacional. El proceso contó con la activa y decisoria participación de los principales actores vinculados directamente con el desarrollo costero nacional (DNP, Ministerios y entidades adscritas, Armada Nacional, DIMAR, COLCIENCIAS, Centros e Institutos de Investigación, Universidades, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entidades territoriales y organizaciones no gubernamentales).