EL
NUEVO IMPERIALISMO
JAMES PETRAS
El infame día del 22 de diciembre de 1997, 45 indios, en su mayoría mujeres y niños, fueron asesinados en Chiapas por fuerzas paramilitares. Este repugnante crimen provocó la repulsa y la protesta del mundo entero. Más tarde, cuando se reveló que el asesinato masivo había sido cometido por miembros locales del PRI, el partido gobernante, y que el gobernador de la región, miembro del mismo partido, tenía conocimiento de ello, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea (UE) censuraron al Gobierno mexicano del presidente Zedillo, y la UE amenazó con romper las negociaciones sobre un tratado comercial.
En cambio, Washington apoyó a Zedillo y aprobó la forma en que había lidiado con la crisis. Al principio algunos funcionarios del Departamento de Estado sugirieron que Washington debía distanciarse de Zedillo. Clinton, enfurecido, insistió en apoyar al presidente mexicano pese a las numerosas pruebas de que funcionarios mexicanos locales, estatales y federales estaban estrechamente implicados en el uso de los paramilitares contra los zapatistas.
¿Cómo se explica el apoyo de Clinton al sanguinario presidente mexicano, postura tan contraria a la de sus aliados europeos, e incluso a la de alguno de sus asesores del Departamento de Estado? La respuesta está en la reciente decisión de Washington de fomentar una política de contrainsurgencia de Fort Bragg, en EEUU, cuando fue destinado a la región de Chiapas en 1995. El general recibió entrenamiento especializado en las asignaturas de Guerra Psicológica, Fuerzas Especiales y Operaciones Especiales. En uno de los manuales de los cursos se recomienda el uso de fuerzas paramilitares para ayudar a las fuerzas del orden (el ejército) a combatir los insurgentes y a detectar su infraestructura.
Desde que el general Renán Castillo se puso al frente de Chiapas han surgido seis grupos paramilitares bajo la protección de las Fuerzas Armadas federales. Desde 1994, 700 oficiales mexicanos han recibido entrenamiento en métodos de contrainsurgencia en Fort Bragg. Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, EEUU ha desplegado en México asesores militares, helicópteros y portaaviones.
Bajo la tutela y el apoyo de EEUU, el Ejército mexicano está empleando las mismas tácticas usadas en Vietnam: valerse de los conflictos locales para organizar grupos militares formados por indios y aterrorizar a los simpatizantes de los zapatistas. Al igual que en Vietnam, mediante el terror militar y paramilitar se expulsa de sus aldeas a millares de indios simpatizantes de los zapatistas para aislar a la guerrilla y exterminarla. El objetivo del uso de fuerzas paramilitares es encubrir la actuación del Ejército federal y del Gobierno nacional.
Al intensificarse la protesta internacional, el presidente Zedillo decidió salvar el pellejo ordenando la detención de los asesinos y forzando la dimisión del gobernador de Chiapas. Washington aplaudió este cambio cosmético y acogió favorablemente la minuciosa investigación.
¿Qué hay detrás del apoyo de Washington a esta horrible acción llevada a cabo por un régimen tan despreciable? En primer lugar, los intereses económicos. Cuatrocientas de las mayores multinacionales de EEUU poseen la mayor parte de las plantas de ensamblaje (maquiladoras), que generan miles de millones de dólares en ingresos anuales, situadas a todo lo largo de la frontera entre ambos países. El trabajador de estas plantas gana, como media, menos de un dólar (150 pts) por hora.
En segundo lugar, los bancos de EEUU son los principales acreedores de México, cuya deuda externa asciende a 130.000 millones de dólares (19,5 billones de pesetas) y, por tanto, están recibiendo el pago de los intereses.
En tercer lugar, las compañías agrícolas norteamericanas explotan a los trabajadores mexicanos, a quienes pagan un jornal de tres dólares (450 pesetas) al tiempo que inundan el mercado mexicano de maíz, arroz y otros alimentos de primera necesidad a precios muy bajos.
Como consecuencia, según los datos estadísticos del Gobierno, el 85% de la población rural vivía en condiciones de pobreza extrema a finales de 1997, lo que supone un incremento del 20% desde la firma del Acuerdo de Libre Comercio en 1994.
Washington teme que la crisis de Chiapas se extienda al resto de la nación y provoque la caída del régimen neoliberal. De aquí la creciente militarización de la política de Clinton hacía México. Debido al colapso de los mercados asiáticos y la consiguiente fuga de capitales, México se presenta como el país idóneo para el capital especulador en busca de altos beneficios.
La crisis del capitalismo asiático y la debilidad de los regímenes de América Latina, como el de Zedillo en México, es para Washington tanto una oportunidad como una amenaza. La crisis y la devaluación permiten a los inversores de EEUU comprar industrias nacionales a bajo costo y derrumbar las barreras que impiden la explotación imperialista. Al mismo tiempo, la debilidad política y la crisis provocan protestas y movilizaciones populares. De aquí la nueva fórmula de Clinton para el próximo milenio: mercados libres con ametralladoras.
De ser necesario masacrar indios inocentes, mujeres y niños, con tal de asegurar la estabilidad para los inversores norteamericanos que hacen negocios en México, Clinton ha demostrado que está dispuesto a pagar el precio de la infamia. Si es necesario entrenar oficiales para que organicen grupos paramilitares con el fin de aterrorizar a los campesinos pobres e impedir que protesten contra las importaciones de productos agrícolas norteamericanos a precios muy bajos, Clinton está dispuesto a apoyar estos programas.
El problema no es sólo la política imperialista de Washington hacia México: la globalización de las intervenciones militares es cada vez más un elemento esencial de la globalización económica de EEUU. Al tiempo que la economía de Indonesia se derrumba y Suharto implanta el programa de austeridad del FMI, el secretario de Defensa de EEUU, William Cohen, pide que se estrechen los vínculos militares con esta dictadura de 33 años y base de la mayor concentración militar norteamericana en el sureste asiático.
El euqipo militar y los programas de contrainsurgencia que EEUU proporciona a Colombia han causado el desplazamiento de un millón de campesinos y la creación de más de dos decenas de grupos paramilitares. En Colombia y en Chiapas, las rebeliones campesinas contra el neoliberalismo son reprimidas por el Ejército y los grupos paramilitares, según los métodos de los manuales que los instructores de Fort Bragg emplean para entrenar una nueva generación de oficiales latinoamericanos.
¿Quién dijo que el imperialismo había muerto? El nuevo imperialismo es multicultural: las fuerzas paramilitares están compuestas por indios campesinos: los oficiales que los dirigen son mestizos; los políticos son de origen europeo; sus jefes del Pentágono son norteamericanos. Lo que importa no es el color de la piel, sino el color del dinero. Pero no olvidemos que bajo el flujo de los billetes verdes corre la sangre roja de indios y de campesinos de Chiapas, de campesinos javaneses de Indonesia y de los trabajadores de las bananeras de Urabá, Colombia.