Ley de Educación: un proyecto de necesaria discusión pública

La Unión de Trabajadores de la Educación UNITE, agrupación interna de la Unión Docentes Provincia de Misiones UDPM, viajo meses atrás a Buenos Aires con el objeto de perfeccionar un proyecto alternativo de ley provincial de educación que se suma al ya presentado por el bloque de diputados oficialistas. El proyecto en cuestión fue discutido en el seno de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la R. A. CTERA y volvió a Misiones para ser analizado en el ámbito de la UDPM, que a su vez conformó una comisión para la redacción definitiva de un proyecto del gremio provincial.

No obstante, ningún medio se hizo eco de una curiosa circunstancia que rodea al proyecto firmado a su vez por los diputados aliancistas Gloria Llamosas y Carlos Esperanza. Se trataría de un verdadero e inusual plagio legislativo que para muchos forma parte de la ya lanzada campaña electoral de ambos candidatos. Muchos piensan que así, cualquiera es diputado y presenta proyectos, cuando se trata solamente de una deshonestidad intelectual. Comentario aparte merece la participación de los bien pagos asesores cuya labor evidentemente fue mínima y con un dejo de hipocresía se manifiesta claramente en el folio 24 del proyecto de los diputados, donde se habla de un equipo docente del bloque de la Alianza que Dios sabe cómo estará conformado.

La Constitución Provincial en su Art. 40°/47° prevee la educación en la provincia. El Art. 43° manda que la organización, dirección técnica y administración de la Educación, estará a cargo de un Consejo General de Educación autónomo, compuesto por un director general de educación de extracción docente y 4 vocales. El presidente y dos vocales serán nombrados por el PEP con acuerdo de la HCR y los restantes serán electos por docentes en actividad. El Art. 45° establece que "en ningún caso la contribución del Tesoro de la provincia para el fomento de la educación pública será inferior al 20 % del total de las rentas generales", y aquí aparece el problema real, porque los políticos de turno no cumplen esta cláusula constitucional.

La única forma de eliminar al Consejo General de Educación CGE, para darle el manejo de la educación pública a los políticos de turno a través de un ministerio, organismo que no está contemplado en la constitución provincial, es mediante una reforma constitucional, prevista en el Art. 172°. La necesidad de dicha reforma tiene que ser votada por los 2/3 de los representantes del pueblo y la reforma misma debe que ser efectuada, sea parcial o total, mediante una Convención Constitucional convocada al efecto.

Un análisis del proyecto oficialista de ley de Educación, permite observar varias anomalías que no son casuales y no pueden ser introducidas sin una velada intención política, diversa a la formulación de un proyecto que guarde coherencia con la norma superior, la constitución de la provincia. De otra manera se podría pensar que sus autores, las diputadas Celia Isla de Sareceni y Stella M. Peso de Hobecker, ignoran principios básicos de técnica legislativa, lo cual resulta inconcebible; más vale inclinarse a pensar en la tan mentada "disciplina partidaria" por la cual los levanta mano de turno acompasan al partido de estado en el poder junto con la oposición cómodamente abulonada en sus sillones y con buenos sueldos, lo cual estuvo sucediendo durante 12 años con diputados, que ahora con cara de "yo no fui", llenaban los recintos con discursos alabando el liberalismo menemista al cual ahora fustigan o que el consenso sobre proyectos oficialistas fue mejor que pelearlos. El Art. 1° del proyecto oficialista sostiene que se enmarca dentro de la constitución nacional, provincial y Ley Federal de Educación. Es declarativo. El Art. 4° tras cartón sostiene lo contrario: que "el Estado provincial" fijará, sólo en consonancia con la Ley Federal de Educación, los lineamientos de la política educativa y no menciona para nada las dos constituciones. El proyecto, en ningún artículo hace mención al órgano constitucional, el CGE, que se lo ha omitido del ámbito de este proyecto. Resulta por demás obvio que pretende darle al Ministerio de Educación el manejo de la política educativa, sin intervención de ningún órgano o cuerpo electivo docente previsto en la constitución. Hijos de la mejor herencia hispana oscurantista y dictatorial, sus constituciones fueron hechas por unos pocos para que se acaten pero no se cumplan. Cada caudillo formuló la suya, adecuada a su forma autoritaria y dirigista de conducir los destinos de todos. El debate público nunca fue conveniente, por eso los Consejos de Estado, y cuando la democracia se tornó de representativa a participativa, porque no hizo falta ir a Buenos Aires para aggiornarse sino acceder a Internet o ver cablevisión, entonces la cuestión fue acallar a los medios y hacer todo al amparo de la impunidad de unos pocos, total... ¡los ignorantes no se ocupan de los proyectos sino de comer !... aunque convengamos que la provista en víspera de elecciones sirve para comprar votos... Entonces instalarán una nueva crisis pero de la Educación, que desoriente aún más al ignorante y los haga aparecer como únicos salvadores de la situación; Pacto con el Diablo por el cual se siga robando pero se haga algo. ¡Sí, roben!, cuando el 20 % del total de rentas generales tiene otro destino y sin la necesaria complicidad de funcionarios, jueces, periodistas y políticos resulta imposible que un grupo aunado por intereses económicos del momento o reparto ocasional de botines se apropie de los activos provinciales, y no se pueda siquiera salvaguardar a la Educación.

By Mario O.


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CTERA y volvió a Misiones para ser analizado en el ámbito de la UDPM, que a su vez conformó una comisión para la redacción definitiva de un proyecto del gremio provincial. No obstante, ningún medio se hizo eco de una curiosa circunstancia que rodea al proyecto firmado a su vez por los diputados aliancistas Gloria Llamosas y Carlos Esperanza. Se trataría de un verdadero e inusual plagio legislativo que para muchos forma parte de la ya lanzada campaña electoral de ambos candidatos. Muchos piensan que así, cualquiera es diputado y presenta proyectos, cuando se trata solamente de una deshonestidad intelectual. Comentario aparte merece la participación de los bien pagos asesores cuya labor evidentemente fue mínima y con un dejo de hipocresía se manifiesta claramente en el folio 24 del proyecto de los diputados, donde se habla de un equipo docente del bloque de la Alianza que Dios sabe cómo estará conformado. La Constitución Provincial en su Art. 40°/47° prevee la educación en la provincia. El Art. 43° manda que la organización, dirección técnica y administración de la Educación, estará a cargo de un Consejo General de Educación autónomo, compuesto por un director general de educación de extracción docente y 4 vocales. El presidente y dos vocales serán nombrados por el PEP con acuerdo de la HCR y los restantes serán electos por docentes en actividad. El Art. 45° establece que "en ningún caso la contribución del Tesoro de la provincia para el fomento de la educación pública será inferior al 20 % del total de las rentas generales", y aquí aparece el problema real, porque los políticos de turno no cumplen esta cláusula constitucional. La única forma de eliminar al Consejo General de Educación CGE, para darle el manejo de la educación pública a los políticos de turno a través de un ministerio, organismo que no está contemplado en la constitución provincial, es mediante una reforma constitucional, prevista en el Art. 172°. La necesidad de dicha reforma tiene que ser votada por los 2/3 de los representantes del pueblo y la reforma misma debe que ser efectuada, sea parcial o total, mediante una Convención Constitucional convocada al efecto. Un análisis del proyecto oficialista de ley de Educación, permite observar varias anomalías que no son casuales y no pueden ser introducidas sin una velada intención política, diversa a la formulación de un proyecto que guarde coherencia con la norma superior, la constitución de la provincia. De otra manera se podría pensar que sus autores, las diputadas Celia Isla de Sareceni y Stella M. Peso de Hobecker, ignoran principios básicos de técnica legislativa, lo cual resulta inconcebible; más vale inclinarse a pensar en la tan mentada "disciplina partidaria" por la cual los levanta mano de turno acompasan al partido de estado en el poder junto con la oposición cómodamente abulonada en sus sillones y con buenos sueldos, lo cual estuvo sucediendo durante 12 años con diputados, que ahora con cara de "yo no fui", llenaban los recintos con discursos alabando el liberalismo menemista al cual ahora fustigan o que el consenso sobre proyectos oficialistas fue mejor que pelearlos. El Art. 1° del proyecto oficialista sostiene que se enmarca dentro de la constitución nacional, provincial y Ley Federal de Educación. Es declarativo. El Art. 4° tras cartón sostiene lo contrario: que "el Estado provincial" fijará, sólo en consonancia con la Ley Federal de Educación, los lineamientos de la política educativa y no menciona para nada las dos constituciones. El proyecto, en ningún artículo hace mención al órgano constitucional, el CGE, que se lo ha omitido del ámbito de este proyecto. Resulta por demás obvio que pretende darle al Ministerio de Educación el manejo de la política educativa, sin intervención de ningún órgano o cuerpo electivo docente previsto en la constitución. Hijos de la mejor herencia hispana oscurantista y dictatorial, sus constituciones fueron hechas por unos pocos para que se acaten pero no se cumplan. Cada caudillo formuló la suya, adecuada a su forma autoritaria y dirigista de conducir los destinos de todos. El debate público nunca fue conveniente, por eso los Consejos de Estado, y cuando la democracia se tornó de representativa a participativa, porque no hizo falta ir a Buenos Aires para aggiornarse sino acceder a Internet o ver cablevisión, entonces la cuestión fue acallar a los medios y hacer todo al amparo de la impunidad de unos pocos, total... ¡los ignorantes no se ocupan de los proyectos sino de comer !... aunque convengamos que la provista en víspera de elecciones sirve para comprar votos... Entonces instalarán una nueva crisis pero de la Educación, que desoriente aún más al ignorante y los haga aparecer como únicos salvadores de la situación; Pacto con el Diablo por el cual se siga robando pero se haga algo. ¡Sí, roben!, cuando el 20 % del total de rentas generales tiene otro destino y sin la necesaria complicidad de funcionarios, jueces, periodistas y políticos resulta imposible que un grupo aunado por intereses económicos del momento o reparto ocasional de botines se apropie de los activos provinciales, y no se pueda siquiera salvaguardar a la Educación. By Mario O.