Séptima Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo: 85 Primera Parte
Página: 29
PLANIFICACIÓN, LEY DE, DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN (DECRETO
No. 24, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1967, PUBLICADO EL 27 DEL MISMO MES Y AÑO).
EL IMPUESTO ESTÁ DESTINADO AL GASTO PÚBLICO. En lo
que se refiere a la Ley de Planificación del Estado de Nuevo León,
contenida en el Decreto número 24, de 21 de diciembre de 1967, es
indiscutible que la recaudación del impuesto sobre aumento y mejoría
específica de la propiedad sí se destina a los gastos públicos
de la expresada Entidad Federativa; pues por gasto público ha de
entenderse todo aquél cuyo destino es la satisfacción de
las funciones y servicios públicos, según criterio imbíbito
en la jurisprudencia 118, visible a fojas 155, de la Tercera Parte del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años
de 1917 a 1965 (tesis 184, pág. 319, Tercera Parte, del Apéndice
1917-1975), que este Tribunal Pleno ha hecho suyo en reiteradas ocasiones.
En la especie no hay duda alguna que dentro de los quehaceres públicos
que competen al Estado de Nuevo León est el de velar por el
mejoramiento, desarrollo e integración de los centros de población
a través de la realización, entre otras, de obras como la
que motiva la exacción tributaria en comento; y la circunstancia
de que su ejecución material se encomiende al Consejo Estatal de
la Ciudadanía, como pudo muy bien encargarse a cualquier empresa
privada, no significa que el gravamen establecido para tal efecto no se
destine a los gastos públicos de dicha Entidad Federativa, pues
es inconcuso que siendo múltiples y disímbolas las tareas
encomendadas al Estado, no siempre est en aptitud de llevarlas a
cabo directamente, por lo que hay ocasiones, como sucede en el caso presente,
en que tiene que acudir al auxilio de organismos creados ex profeso o bien
contratar los servicios de negociaciones dedicadas a la actividad de que
se trate; pero sin que tal proceder signifique que los dineros públicos
se distraigan en gastos que, en aras de sus funciones, no competan al Estado;
máxime si se considera que de acuerdo con el artículo 85,
fracciones V y VI, de la Constitución Política local, corresponde
al Ejecutivo del Estado disponer la inversión de los caudales públicos
en los distintos ramos de la administración pública, velando
por su recaudación, custodia, administrativa e inversión.
Amparo en revisión 5861/74. Candelario Maldonado Santos. 13
de enero de 1976. Unanimidad de 21 votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez.
