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El derecho a la información es un
derecho fundamental inherente a la correcta implementación del sistema
democrático y un derecho instrumental que debe servir para asegurar los
principios democráticos. En una limitada
comprensión se lo ha identificado con la publicidad de los actos de gobierno,
es decir con la puesta en conocimiento de las normas producidas por el estado
mediante su impresión en los Boletines Oficiales. Sin embargo, un correcto ejercicio
del derecho a la información supone conocer la totalidad del trámite
sustanciado previamente al dictado de la norma. El
derecho a la información también comprende el ejercicio de la libertad de
prensa, tanto el derecho del periodista a informar como el del ciudadano a
ser informado y para cumplirlos requieren de esa información administrativa a
la cual deben poder acceder los ciudadanos de igual modo que los hombres de
la prensa quienes tienen la obligación- libertad de hacerla pública. El reconocimiento universal de la
trascendencia que este derecho reviste como reaseguro de las llamadas
administraciones de cristal o transparentes ha dado origen a un fuerte
movimiento de adopción del mismo aún en aquellos países de tradición
administrativa cerrada, con bajo nivel de comunicabilidad, que tienen
perfiles burocráticos similares a la nuestra, tales como Francia y España,
las cuales lo han incorporado constitucional o legislativamente. Ahora bien, la universalidad de
este derecho se plasma conjuntamente con otro que habrá de ser su contrapeso
y uno de los limites fundamentales de aquel: el derecho a la intimidad. Este último, junto con la
seguridad del estado en lo militar, las relaciones exteriores y las
cuestiones económicas, son las excepciones mayormente aceptadas al derecho a
la información. Esta
permanente expansión – retracción del derecho a la información, que busca sus
limites y los conforma frente a cada cuestión, tiene como requisito
indispensable para funcionar adecuadamente el de contar con una prensa responsable
que evite la publicidad indiscriminada y salvaguarde la intimidad de las
personas. El derecho a la información es más
amplio que la libertad de expresión, ya que supone además de la información
que circula por la prensa la información que se encuentra en bases de datos,
archivos diversos, correo, contratos, mercados. El derecho a la información excede la
franja de profesionales del periodismo, intelectuales y políticos y comprende
a todos los ciudadanos. Es particularmente gratificante para el Archivo
General de la Provincia haber seleccionado este tema general para las XXI
Jornadas de Archiveros, teniendo en cuenta que el mismo es materia del
próximo Congreso Internacional de Archivos a realizarse en Sevilla 2000 y lo
fue del Congreso de la Asociación de Bibliotecarios, Archiveros y
Documentalistas de España en el presente año. También es particularmente grato poder
ofrecer el tratamiento de las facetas de este tema mediante las exposiciones
de personalidades altamente representativas de nuestra comunidad Si lo seleccionamos fue porque
somos consientes de que es imprescindible un correcto manejo de la
comunicabilidad de los documentos de manera sencilla y en el menor en tiempo
posible. Desde
hace 10 años bregamos, desde el Archivo General de la Provincia, por la
formación de una mentalidad abierta en el estado donde todo aquello que fuera
de libre acceso llegara rápidamente al ciudadano y a la prensa. Para lograrlo
se propuso, y gestionó
una normativa que pusiera claridad a la comunicabilidad de los documentos
provinciales y desterrara los usos discrecionales de la administración. Como toda tarea que implica pautas
culturales, todavía es más una aspiración que una realidad. La diferencia es
que ahora no estamos solos, la demanda llega desde toda una sociedad que le
pide al estado transparencia, cristalinidad en su administración. Hoy, esta cuestión ha adquirido
trascendencia nacional, es una demanda de la democracia que día a día vamos
construyendo y de la ciudadanía a través de organizaciones no gubernamentales
como Adelco, Poder ciudadano - Filial local de Transparencia Internacional,
organizaciones de la prensa tales como reporteros sin fronteras y Asociación
Argentina de prensa. El derecho a la información es uno
de los pilares fundamentales de la lucha contra la corrupción en el estado y
un medio para el logro de su integridad. Tan fuerte y desde tantos sitios
llega esta demanda que según nos intima Transparencia Internacional: Si realmente queremos reducir la pobreza
en el mundo debemos empezar por enfrentar el problema de la corrupción. |